BASES DE DATOS DE JURISPRUDENCIA EN EL PERÚ
¿Qué es la Jurisprudencia?
Conceptos:
1. Conjunto de normas y principios imperativos contenidos en las decisiones de los órganos jurisdiccionales.
2. Interpretaciones reiteradamente concordantes del orden jurídico positivo hechas por órganos jurisdiccionales.
3. La Jurisprudencia administrativa es el resultado formal de la función del Derecho consistente en la interpretación de las reglas jurídico-administrativas, que se produce en su aplicación al caso concreto.
De las concepciones antes señaladas podemos señalar lo siguiente:
a) La jurisprudencia sirve para explicar: si la ley es oscura. Su aplicación por los órganos judiciales supone aclarar y fijar su alcance. Aclarar el sentido del proceso legal oscuro o dudoso.
b) Sirve para adaptar el derecho escrito a las circunstancias de la realidad administrativa.
c) Contribuye a la sistematización del derecho administrativo.
d) La creación del Derecho, es una obra conjunta entre el legislador y el juez, ya que el legislador dicta la ley y esta se aplica por el juez quien mediante la interpretación en relación a un hecho concreto toma una decisión. Esta interpretación servirá de fundamento para casos futuros similares evitando respuestas jurídicas contradictoras, y siguiendo el principio de predictibilidad[1] que es uno de los presupuestos más importantes de la seguridad jurídica de un país.
Ahora bien, cuál es la diferencia entre jurisprudencia y precedente
El Código Procesal Constitucional[2], establece que: “Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta del precedente”.
De acuerdo con este texto, las sentencias del Tribunal Constitucional pueden o no ser vinculantes para el propio Tribunal y demás órganos del Estado. Constituirán precedente vinculante, o sea tendrán un efecto normativo general cuando así lo exprese el propio texto de la sentencia, en cambio, cuando no contengan esta declaración, no tendrán la calidad de precedente normativo obligatorio.
La incorporación del precedente constitucional vinculante, en los términos en que precisa el Código Procesal Constitucional, genera la necesidad de distinguirlo de la jurisprudencia que emite este Tribunal. Las sentencias del Tribunal Constitucional, dado que constituyen la interpretación de la Constitución del máximo tribunal jurisdiccional del país, se estatuyen como fuente de derecho y vinculan a todos los poderes del Estado. Asimismo, conforme lo establece el artículo VI del Código Procesal Constitucional y la Primera Disposición General de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, N° 28301, los jueces y tribunales interpretan y aplican las leyes y reglamentos conforme a las disposiciones de la Constitución y a la interpretación que de ellas realice el Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia en todo tipo de procesos. La jurisprudencia constituye, por tanto, la doctrina que desarrolla el Tribunal en los distintos ámbitos del derecho, a consecuencia de su labor frente a cada caso que va resolviendo[3].
En cuanto al precedente, tanto la jurisprudencia como el precedente tienen en común la característica de su efecto vinculante, en el sentido de que ninguna autoridad, funcionario o particular puede resistirse a su cumplimiento obligatorio, el Tribunal, a través del precedente constitucional, ejerce un poder normativo general, extrayendo una norma a partir de un caso concreto.
De lo expuesto, y para efectos didácticos podemos decir que la jurisprudencia administrativa se clasifica considerando el órgano del cual emanan, así propiamente jurisdiccional cuando emanan del Tribunal Constitucional o del Poder Judicial. Y administrativa cuando emanan de instancias administrativas como el Tribunal Fiscal y otros tribunales como el del INDECOPI, SERVIR, entre otros.
Ubique jurisprudencia jurisdiccional y administrativa relacionada a las siguientes materias:
- Agotamiento de la Vía Administrativa:
- Contienda de competencia
- Recurso de revisión.
1.AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA
Para poder ubicar jurisprudencia jurisdiccional y administrativa relacionada a la materia de Agotamiento de la Vía Administrativa en esta oportunidad hemos elegido al Tribunal Constitucional, entrando a su página principal y colocando en la parte superior derecha la materia correspondiente y dar click en buscar.
Y luego nos saldrá lo siguiente :
02833-2006-AA
EXP. N.° 02142-2009-PA/TC
LIMA
MIGUEL VIGO PIZÁN
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima (Arequipa), a los 16 días del mes de diciembre de 2010, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Calle Hayen, Álvarez Miranda y Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Miguel Vigo Pizán contra la resolución expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 124, su fecha 4 de noviembre de 2008, que declaró fundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa e improcedente la demanda de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 1 de abril de 2008 el recurrente interpone demanda de amparo contra la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Administradora del Fondo de Pensiones Prima – AFP Prima con el objeto de que se disponga su desafiliación del Sistema Privado de Pensiones y se transfieran sus aportaciones al Régimen del Decreto Ley 19990.
La SBS contesta la demanda solicitando la sustracción de la materia toda vez que la Ley 28991 y su reglamento, el Decreto Supremo 063-2007-EF, establecen un procedimiento legal propio y con requisitos preestablecidos. Agrega que el actor no hace referencia a ningún acto administrativo o hecho por el cual se le haya afectado derecho constitucional alguno.
La AFP Prima deduce la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y, sin perjuicio de ello, contesta la demanda expresando que no se ha acreditado vulneración alguna de los derechos del demandante.
El Cuadragésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 2 de julio de 2008, declara fundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa por considerar que tanto la SBS como la AFP demandada aún no han emitido resolución administrativa de desafiliación respecto del demandante.
La Sala Superior revisora confirma la apelada por el mismo fundamento.
FUNDAMENTOS
Cuestiones procesales
1. Previamente, corresponde señalar que la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa deducida por la AFP emplazada ha sido estimada por las instancias judiciales inferiores.
2. Al respecto, cabe mencionar que la regla del agotamiento de la vía administrativa debe mantenerse dentro de los cánones constitucionales, vinculándose con las exigencias de la propia administración, tales como el asegurar un debido proceso a los administrados. Ello otorga razonabilidad a la exigencia de agotamiento de la vía administrativa, pues no puede haber demora o detención de la tutela jurisdiccional de derechos fundamentales.
3. En tal sentido, y en vista de que la Resolución SBS 11718-2008, vigente desde el 3 de diciembre de 2008, reguló el Reglamento Operativo por el cual se establece el Procedimiento Administrativo de Desafiliación del SPP por la causal de falta de información, todo asegurado que solicite su desafiliación tendrá que agotar la vía administrativa establecida.
4. Al respecto, el recurrente inició el trámite previo antes mencionado conforme se observa de su solicitud de desafiliación de fecha 27 de setiembre de 2007 (f. 11), sin obtener respuesta alguna hasta el momento. Por ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo 46, inciso 4, del Código Procesal Constitucional, que a la letra dice: “No será exigible el agotamiento de las vías previas si: (…).No se resuelve la vía previa en los plazos fijados para su resolución”, este Colegiado emitirá pronunciamiento.
Delimitación del petitorio
5. La pretensión del actor se encuentra dirigida a que se disponga su desafiliación del Sistema Privado de Pensiones, y en consecuencia, su retorno al Régimen del Decreto Ley 19990. Al respecto, este Colegiado estima que no corresponde emitir pronunciamiento alguno toda vez que según las sentencias recaídas en los Expedientes 1776-2004-AA/TC y 7281-2006-PA/TC, y posteriormente la publicación de la Resolución SBS 11718-2008, que aprobó el “Reglamento Operativo que dispone el procedimiento administrativo de desafiliación del SPP por la causal de falta de información”, se ha señalado que el asegurado al solicitar su libre desafiliación del Sistema Privado de Pensiones, debe agotar la vía previa.
6. No obstante, cabe señalar que en autos obran documentos que evidencian una posible vulneración del derecho al debido proceso establecido en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución, por cuanto la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS) está obligada o no a dar repuesta a la petición planteada en sede administrativa por el demandante, esto es, a la solicitud de libre desafiliación del Sistema Privado de Pensiones en un plazo razonable.
Análisis de la controversia
El derecho de petición
7. El artículo 2, inciso 20), de la Constitución Política establece como derecho de toda persona aquel referido “A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal bajo responsabilidad”.
8. El contenido esencial de un derecho fundamental está constituido por aquel núcleo mínimo e irreductible que posee todo derecho subjetivo reconocido en la Constitución, que es indisponible para el legislador, debido a que su afectación supondría que el derecho pierda su naturaleza y entidad. En tal sentido, se desatiende o desprotege el contenido esencial de un derecho fundamental cuando éste queda sometido a limitaciones que impiden su ejercicio y lo despojan de la protección constitucional otorgada.
9. En el caso del derecho de petición, su contenido esencial está conformado por dos aspectos que aparecen de su propia naturaleza y de la especial configuración que le ha dado la Constitución al reconocerlo: el primero es el relacionado estrictamente con la libertad reconocida a cualquier persona para formular un pedido por escrito a la autoridad competente; y el segundo, unido irremediablemente al anterior, se relacionan con la obligación de la referida autoridad de otorgar una respuesta al peticionante.
10. Esta respuesta oficial, de conformidad con lo previsto en el inciso 20) del artículo 2 de la Constitución, deberá necesariamente hacerse por escrito y en el plazo que la ley establezca. Asimismo, la autoridad tiene la obligación de realizar todos aquellos actos que sean necesarios para evaluar materialmente el contenido de la petición y expresar el pronunciamiento correspondiente, el mismo que contendrá los motivos por los que se acuerda acceder o no a lo peticionado, debiendo comunicar lo resuelto al interesado o interesados.
11. Sobre la materia debe insistirse en que es preciso que la contestación oficial sea motivada; por ende, no es admisible jurídicamente la mera puesta en conocimiento al peticionante de la decisión adoptada por el funcionario público correspondiente.
12. En consecuencia, la acción oficial de no contestar una petición o hacerlo inmotivadamente trae como consecuencia su invalidez por violación, por omisión de un deber jurídico claro e inexcusable.
13. Si bien el derecho de petición implica que la autoridad competente debe dar respuesta por escrito a una petición formulada también por escrito, no debe confundirse el contenido del pronunciamiento de la autoridad con la notificación al peticionante de las acciones desarrolladas por aquella en atención a lo solicitado, pues el contenido del pronunciamiento –a expresarse por medio de la forma jurídica administrativa adecuada– se refiere a la decisión de la Administración que favorece o no lo peticionado; y la notificación se relacionan más bien con una formalidad ineludible para la autoridad, utilizada para poner en conocimiento del peticionante el resultado de su petición.
14. Esta obligación de la autoridad competente de dar al interesado una respuesta también por escrito, en el plazo legal y bajo responsabilidad, confiere al derecho de petición mayor solidez y eficacia, e implica, entre otros, los siguientes aspectos: a) admitir el escrito en el cual se expresa la petición; b) exteriorizar el hecho de la recepción de la petición; c) dar el curso correspondiente a la petición; d) resolver la petición, motivándola de modo congruente con lo peticionado, y e) comunicar al peticionante lo resuelto.
15. A fojas 3 de autos se observa que el actor, con fecha 24 de agosto de 2007, presentó una solicitud a la AFP demandada, la cual respondió con fecha 7 de setiembre de 2007 (f. 10), indicándole que en aplicación de la Ley 28991 –Ley de Desafiliación, debía presentar la solicitud respectiva en la entidad correspondiente, esto es, ante la SBS.
Así, consta a fojas 11 que el demandante presentó su solicitud a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP con fecha 27 de septiembre 2007, luego de recepcionada la solicitud, se le solicitó al demandante información complementaria (ff. 11 y 15), la cual presentó el 28 de setiembre de 2007, sin embargo; desde dicha fecha, no ha obtenido respuesta alguna.
16. Por cuanto, al evidenciarse que la SBS demandada no ha resuelto la solicitud de libre desafiliación del recurrente dentro del plazo establecido, se ha acreditado la vulneración del derecho al debido proceso, por lo que la demanda debe ser estimada.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
HA RESUELTO
1. Declarar FUNDADA la demanda porque se ha acreditado la vulneración del derecho del demandante al debido proceso por parte de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
2. Reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración, ordena que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP expida resolución por la cual resuelva la solicitud de desafiliación del Sistema Privado de Pensiones a fin de que continúe con el procedimiento respectivo establecido en la Resolución SBS 1041-2007.
Publíquese y notifíquese.
SS.
CALLE HAYEN
ÁLVAREZ MIRANDA
URVIOLA HANI
2.-CONTIENDA DE COMPETENCIA
Entramos a la siguiente página: Jurisprudencia Nacional Sistematizada:
Y a continuación nos salen lo siguientes resultados:
Como por ejemplo:
| Casación | 003641-2015 |
Pretensión/Delito:
Obligación de Dar Suma de Dinero
Tipo Resolución:
Auto
Fecha Resolución:
05/11/2015
Sala Suprema:
Sala Civil Permanente
Norma de Derecho Interno:
Código Procesal Civil 388,Código Procesal Civil 392
Sumilla:
Palabras Clave:
Incumplimiento de los requisitos de procedencia
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3.-RECURSO DE REVISIÓN
Y utilizando la herramienta anterior, podemos encontrar lo siguiente:
De un total de 118583 resoluciones, se obtuvieron 13392 resultados.
Pretensión/Delito:
Accesión de Propiedad por Edificación,Desalojo
Tipo Resolución:
Auto
Fecha Resolución:
02/11/2016
Sala Suprema:
Sala Civil Permanente
Norma de Derecho Interno:
Código Procesal Civil 388,Código Procesal Civil 392
Sumilla:
Palabras Clave:
Incumplimiento de los requisitos de procedencia
Pretensión/Delito:
Ejecución de Garantías
Tipo Resolución:
Auto
Fecha Resolución:
31/10/2016
Sala Suprema:
Sala Civil Permanente
Norma de Derecho Interno:
Código Procesal Civil 388,Código Procesal Civil 392
Sumilla:
Palabras Clave:
Incumplimiento de los requisitos de procedencia
Pretensión/Delito:
Ejecución de Garantías
Tipo Resolución:
Auto
Fecha Resolución:
28/10/2016
Sala Suprema:
Sala Civil Permanente
Norma de Derecho Interno:
Código Procesal Civil 388,Código Procesal Civil 392
Sumilla:
Palabras Clave:
Incumplimiento de los requisitos de procedencia
Pretensión/Delito:
Desalojo por Ocupación Precaria
Tipo Resolución:
Auto
Fecha Resolución:
27/10/2016
Sala Suprema:
Sala Civil Permanente
Norma de Derecho Interno:
Código Procesal Civil 388,Código Procesal Civil 392,Código Civil (D. Leg. 295) 911
Sumilla:
Palabras Clave:
Incumplimiento de los requisitos de procedencia
Pretensión/Delito:
Ejecución de Garantías
Tipo Resolución:
Auto
Fecha Resolución:
27/10/2016
Sala Suprema:
Sala Civil Permanente
Norma de Derecho Interno:
Código Procesal Civil 388,Código Procesal Civil 392
Sumilla:
Palabras Clave:
Incumplimiento de los requisitos de procedencia
Pretensión/Delito:
Desalojo por Ocupación Precaria
Tipo Resolución:
Auto
Fecha Resolución:
24/10/2016
Sala Suprema:
Sala Civil Permanente
Norma de Derecho Interno:
Código Procesal Civil 388,Código Procesal Civil 392
Sumilla:
Palabras Clave:
Incumplimiento de los requisitos de procedencia
Pretensión/Delito:
Desalojo por Ocupación Precaria
Tipo Resolución:
Auto
Fecha Resolución:
24/10/2016
Sala Suprema:
Sala Civil Permanente
Norma de Derecho Interno:
Código Procesal Civil 388,Código Civil (D. Leg. 295) 911
Sumilla:
Palabras Clave:
Incumplimiento de los requisitos de procedencia
Pretensión/Delito:
Nulidad de Acto Jurídico
Tipo Resolución:
Auto
Fecha Resolución:
21/10/2016
Sala Suprema:
Sala Civil Permanente
Norma de Derecho Interno:
Código Procesal Civil 388,Código Procesal Civil 392
Sumilla:
Palabras Clave:
Incumplimiento de los requisitos de procedencia
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